Perspectiva sobre la próxima consulta indígena

Gas y Petroquímica de Occidente (GPO) liderada en México por Arturo Moya, en 2014 comenzó a realizar los estudios de línea base para conocer el estado de la laguna y elaborar un plan para obtener ganancias de biodiversidad y continuó en 2016 y 2017 con los trabajos en apego al Plan de Manejo Ambiental acordado con la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat). Por lo que el año pasado, anunció que construirá una planta de fertilizantes a través de amoniaco en Topolobampo con una inversión de 100 mil millones de pesos.

En 2018, dijo, integraron un equipo multidisciplinario de 25 investigadores, en su mayoría del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología, de la UNAM, así como de Mazatlán, Ciudad del Carmen y Ciudad de México, con quienes se diseñó la estrategia de mejora y cuidado ambiental, a implementar en las lagunas de Ohuira, Topolobampo y Santa María, que conforman el sistema hídrico de la zona, ya que está ya contaminado por descargas domiciliarias y la actual industria ya instalada.

Javier Gaxiola Coppel, secretario de Economía de Sinaloa, afirma que la construcción de una planta de fertilizantes y amoniaco en Topolobampo es clave para la producción agrícola, ya que en este momento no se produce esa materia prima en México y el efecto puede observarse en la especulación del precio del producto por quienes monopolizan el amoniaco.

Por los conflictos que hoy en día tiene Rusia, el abastecimiento de fertilizantes en México se está viendo afectado por el alza en los precios, lo cual es un problema para los productores agricultores de Sinaloa y todo el país, por lo tanto el proyecto que hay en Sinaloa de la planta de fertilizantes de Topolobampo, sería de gran ayuda y un paso adelante para la soberanía alimentaria.

Se dice que la planta de fertilizantes en Topolobampo representará un beneficio muy importante para la comunidad, porque generará miles de empleos y llegará una inversión en tres etapas de más de 5 mil millones de dólares.

En el otro lado de la moneda, los habitantes indígenas de las localidades aledañas a la bahía de Topolobampo, conformadas por Lázaro Cárdenas, Ohuira y Paredones rechazan rotundamente la instalación de la planta, el Sr. Armando Pinzon, padre del hoy Síndico por Morena, Ulises Pinzón, nativos de Topolobampo, comenta que con la llegada de esta planta se verá afectada significativamente la Bahía pues existe el temor de que en caso de que hubiera un accidente de fuga, causaría daños irreparables a los habitantes de la zona y al ecosistema que de por sí ya ha sido afectada por una Central Termoeléctrica que fue instalada a la orilla de esta misma bahía.

Los habitantes de estas localidades reclaman que ellos, al ser comunidades de pescadores y que dependen al cien por ciento de esta bahía no tienen ningún tipo de beneficio con la llegada de esta planta, pues su economía no depende de la agricultura si no de la pesca y que ellos se verían más favorecidos con la industria turística ya que esta bahía cuenta con una amplia diversidad de especies marinas incluyendo delfines quienes se observan todo el año en esas aguas.

A estos argumentos, la empresa responde, que ellos cuentan con tecnología de punta que aseguran que no hay desechos ni riesgo de fuga, por lo que “están cumpliendo y lo están haciendo muy bien”, declara el hijo de Luis Santiago Gaxiola Clouthier, dueño de las agencias automotrices en Sinaloa, y de Mónica Guadalupe Coppel Luken, empresaria dueña de Industrias Recio y por lo tanto, están seguros que el proyecto se desarrollará con total responsabilidad y todas las regulaciones necesarias, ya que se trata de una “inversión hecha por el gobierno alemán que no permitiría un proyecto que fuera en contra del medio ambiente”, pues el bienestar de nuestras comunidades y su entorno natural es nuestra prioridad.

En el año 2018, un grupo de pescadores de Ahome Sinaloa, solicitaron un amparo para que en contra del proyecto de GPO, pero no fue sino hasta el pasado 6 de abril la Suprema Corte de Justicia resolvió en el año de 2018 convocando una consulta indígena considerando que se omitió su participación en el proceso y que los derechos que les reconoce la Constitución corresponden en principio a dichos grupos de forma colectiva.

El derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la consulta previa, libre e informada está previsto en la Constitución y en el Convenio 169 de la Organización Internacional de Trabajo. Consecuentemente, las comunidades afectadas deben ser involucradas lo antes posible en el proceso mismo que se llevará a cabo en próximos días en algunas de las comunidades mayo/yoremes involucradas.

Por todo esto las 3 comunidades que se ampararon rechazan que se haga una consulta para las demás comunidades indígenas, y han solicitado que sea dirigida única y exclusivamente a estas comunidades indígenas, ya que el resto de la población ya fue considerado durante el ejercicio participativo convocado en noviembre del 2021. Sin embargo, esto podría significar quitarle el derecho a decidir a las demás comunidades indígenas, que conforman el radio de más de 45 mil metros a la redonda, determinado por la autoridad judicial.