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¿Es gracia de los políticos autoproyectarse con dinero del pueblo?
Jerónimo Gurrola Grave
@jggrave
Para nadie es desconocido que los políticos de todos los niveles; inteligentes o no, con merecimientos o no, de un partido político y de otro, de manera directa o a través de sus parejas o familiares más cercanos —por el nuevo asunto de la equidad de género—; todos, sin distinción, buscan afanosamente ocupar un puesto de elección popular de mayor responsabilidad, como alcaldías, diputaciones, gubernaturas, jefaturas de cualquier dependencia que les permita tener más poder y manejar más dinero.
Para lograrlo, quienes ya están colocados en alguno de estos puestos, desde que programan la realización de obras —por muy pequeñas que éstas sean—, como la construcción de algún tope, pintar guarniciones, colocar una lámpara de alumbrado público, entregar una beca o tablet en beneficio de la población que representan, y ya no se diga cuando se terminan e inauguran; arman tremenda alharaca a través de los medios de comunicación —radio, prensa escrita, televisión, redes—, espectaculares, mamparas, pintas, y por todos los medios propagandísticos a su alcance.
Y aunque eso no lo dicen, las cantidades destinadas para autopromoverse como políticos eficientes, capaces, sensibles y atentos a las necesidades de su gente, rebasan por mucho lo invertido en las obras ejecutadas; claro, con dinero que no es suyo, sino recaudado del mismo pueblo a través de múltiples impuestos municipales, estatales y federales, como el Impuesto Sobre la Renta (ISR), Impuesto al Valor Agregado (IVA), Impuesto Empresarial a Tasa Única (IETU), Impuesto Especial Sobre Producción y Servicio (IESPS), Impuesto a los Depósitos en Efectivo (IDE), Impuesto predial, recargos, multas, etcétera.
Resulta indignante que mientras en países desarrollados de Europa o en Estados Unidos es impensable que un servidor público se haga campaña para decir que inauguró una escuela o una carretera, los mexicanos hemos aprendido a considerarlo como un gasto normal, a pesar de ser, como lo establece la Constitución General de la República en su artículo 134, un delito.
“La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social que difundan como tales, los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público”, establece dicho artículo.
Es pues, un recurso ilegítimo de autopromoción de los funcionarios públicos de todos los niveles y un gasto innecesario en detrimento de la economía de los mexicanos con cargo a los más necesitados.
Conviene señalar a manera de ejemplo que, según información de la Secretaría de Gobernación Federal, en respuesta a una solicitud ciudadana el gobierno del panista, Felipe Calderón Hinojosa gastó entre enero de 2007 y noviembre de 2012, 38 mil 725 millones 241 mil pesos en la promoción de su imagen, cantidad que supera por 8 mil millones de pesos el presupuesto de la actual Cruzada Nacional contra el Hambre, que asciende a 30 mil millones.
Contrario a lo que establece la ley, el gasto de las dependencias en publicidad es un instrumento de autopromoción de los servidores públicos. El negocio de la política, de los políticos “dispuestos a sacrificarse” para trabajar por la elevación de la calidad de vida de los mexicanos es redituable. Suponiendo que invirtieran hasta el último centavo en resolver las necesidades de la gente, ¿cuál es el mérito de los políticos? ¿Acaso lo hacen con su propio dinero? ¿Cuánto más aguantará el electorado mexicano a políticos charlatanes que le mienten para enriquecerse? ¡No mucho!
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