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Llamemos las cosas por su nombre
Jerónimo Gurrola Grave
@jggrave
Puede gustar o no, pero opinar con responsabilidad sobre los temas que tienen que ver con la vida política, económica y social de nuestro entorno no sólo es una necesidad sino una obligación, y conviene precisar algunas cosas que tienen que ver con el tema de la “movilidad” de los queretanos a través del sistema RedQ, sobre todo a partir de los días previos al pasado proceso electoral en el estado y del que las partes involucradas, concesionarios, gobierno y actores políticos opinan en función de sus intereses.
Intento que mi opinión sea lo más equilibrada y desprejuiciada posible, sin interés partidista, consciente de que el pasado 7 de junio el pueblo queretano decidió y eligió a quienes deben ser sus próximos gobernantes, que debemos ser respetuosos de la decisión del pueblo y de que en la medida de nuestras posibilidades debemos contribuir y trabajar por el progreso y el desarrollo de Querétaro y de México.
Por como inició y se desarrolló el desencuentro entre el gobierno y los concesionarios del transporte, es evidente que el fondo es económico y político en el que los ganadores pretenden ser los concesionarios y funcionarios, y el gran perdedor, como siempre, es el que paga, el pueblo de a pie, las amas de casa, los adultos mayores, los estudiantes, los trabajadores que todos los días tienen que tomar, dos, tres y hasta cuatro camiones para trasladarse a sus escuelas o centros de trabajo y viceversa.
Desde su propuesta muchos concesionarios, choferes y usuarios criticaron el sistema RedQ a pesar de su objetivo de llegar a más lugares en menor tiempo y con mayor seguridad, y era explicable; contempla entre otros puntos, que para evitar accidentes los operadores trabajen sólo un turno y que éstos cuenten con seguro social, con un sistema de vigilancia, de monitoreo de las unidades, con un sistema de prepago y crear y modificar las rutas actuales, coordinado por la UTUQ, integrada por las 12 uniones de concesionarios que muchos años estuvieron funcionando sin invertir en la reparación y actualización de sus unidades.
Acostumbrados a “ganar” con camiones en mal estado por falta de inversión y el tener que invertir ahora y recibir menos dinero —que no necesariamente es dejar de ganar— provocó la cólera de los concesionarios, razón por la que promovieron el desprestigio del sistema de RedQ y del gobierno que lo propuso, aprovechándose de incomodidades ciertas, como el cambio de algunas rutas y la adquisición de las tarjetas de prepago, situación que también aprovecharon los políticos de los partidos opositores, alentando y promoviendo los constantes paros del transporte para ganarse la simpatía de los usuarios y hacer ver al gobierno como torpe y sin rumbo al que había que repudiar.
Llamemos a las cosas por su nombre: aprovechar la coyuntura electoral para alentar a los concesionarios y generar el descontento en la población a través de los paros era ni más ni menos alentar el aumento del precio del transporte. Por eso resultan incongruentes, las declaraciones de quienes como Marcos Aguilar, presidente municipal electo de Querétaro, lamentan ahora el aumento a la tarifa del transporte. “Para mi resulta lamentable que le dé este gobierno la espalda a los habitantes de Querétaro”. Es un “golpe” a la economía de las familias queretanas el incremento de la tarifa del transporte público y es responsabilidad única y exclusivamente del gobierno del estado, sobre todo cuando se formularon compromisos en el año 2009 que fueron suscritos por los transportistas.
Celebro que Francisco Domínguez, gobernador electo manifieste que será prioridad de su administración resolver el problema del transporte público. “Tenemos el gran reto de generar un círculo virtuoso entre usuarios, choferes, concesionarios e instancias de gobierno; pero, también tenemos la premisa de mejorar este servicio que reciben más de la mitad de la población en el estado”. Dijo estar trabajando en una estrategia de movilidad integral que contemple un programa de cultura vial, infraestructura básica para la movilidad integral, rutas de movilidad, centros de conexión y obras de infraestructura vial.
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