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¿Prudencia, miedo o justicia selectiva?
Jerónimo Gurrola Grave
@jggrave
Indudablemente hay motivos reales para el surgimiento de organizaciones sindicales del magisterio en el país, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero (CETEG), autodenominados disidentes del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), conformados principalmente con profesores de los estados del sur de la república.
Nunca, ni antes ni después de la creación del SNTE en 1943, durante el gobierno de Manuel Ávila Camacho a través del Partido de la Revolución Mexicana (PRM), se han atendido y mucho menos resuelto las necesidades más elementales de los profesores y sí, por el contrario, han sido objeto de una tremenda manipulación política y económica por unos cuantos líderes en complicidad con la oficialidad y los gobernantes en turno.
Resulta imposible no estar de acuerdo con los justos reclamos que plantean estas organizaciones sindicales, como algunas modificaciones a la reforma educativa propuesta por el actual gobierno de la república, aprobada por los diputados y senadores (incluidos los que ahora se oponen), la elección democrática de la dirigencia nacional a través del voto universal y la limpieza y rendición de cuentas en el manejo de las cuotas del considerado sindicato más grande de Latinoamérica, con las que se han enriquecido todos los dirigentes nacionales del magisterio y sus lacayos.
Sin embargo, el hecho de que tengan razón en algunas de sus reivindicaciones, no les da ninguna autoridad para poner en jaque con acciones vandálicas y delictivas a las instituciones, a los gobiernos elegidos con el voto de los mexicanos, ni a perjudicar la educación de millones de niños y jóvenes, usando como pretexto los muy lamentables acontecimientos de Iguala, Guerrero, donde fueron desaparecidos 43 estudiantes de la normal de Ayotzinapa por organizaciones de delincuentes incrustados en los gobiernos a través del PRD del estado, o un supuesto adeudo por del gobierno.
Con mucha tristeza nos enteramos todos los días, que los profesores de la CNTE, la CETEG y los autollamados “anarcos”, con capucha y sin ella, con esos o con cualquier otro pretexto, evidentemente alentados, dirigidos y probablemente pagados por políticos codiciosos y enfermos de poder como Andrés Manuel López Obrador, cometiendo infinidad de delitos graves ponen patas arriba el país, al bloquear importantes vías de comunicación como la autopista México-Acapulco.
Toman casetas de cobro en las que obtienen grandes sumas de dinero, queman la puerta principal del palacio nacional, queman y destruyen los palacios de gobierno de Guerrero y Michoacán, agreden con vehículos, atropellan a policías municipales, estatales y federales, incendian unidades de transporte público y privado, toman escuelas y agreden a padres de familia como en la escuela primaria “Juan Ortiz Murillo” de Morelia, Michoacán, por solicitar su incorporación al sistema de tiempo completo.
Con machete y bombas molotov intentan apoderarse de las instalaciones del ejercito de Iguala y Chilpancingo, “en busca de los estudiantes desaparecidos” y, nada raro sería que estos “profesores” protesten por la detención en Morelia de su colega, Servando Gómez, “La Tuta”.
Pero lo verdaderamente preocupante es que el gobierno federal, postrado por prudencia o por miedo, no mueve un dedo para sancionar a estos delincuentes, y atropella y niega soluciones a las organizaciones sociales serias y respetuosas al igual que a los ciudadanos pacíficos de México.
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