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Robo de hidrocarburos
Juan Sánchez Mendoza
jusam_gg@hotmail.com
Esta semana habrá de discutirse en el Palacio Legislativo de San Lázaro la Ley para prevenir y sancionar los delitos en materia de hidrocarburos.
La reglamentación ya fue aprobada por el Senado de la República; y sólo falta que en comisiones la cámara baja le dé entrada con el carácter de ‘prioridad’.
Hasta donde sé, la nueva ley contempla severos castigos a quienes roben combustibles.
Pero también para castigar a los expendedores que vendan litros de gasolina, diésel y gas incompletos.
De cualquier forma, le comento que el robo de gasolinas a Petróleos Mexicanos (Pemex) resulta tan grave como el indiscriminado saqueo de recursos económicos que ha sufrido la paraestatal durante décadas, por parte de sus funcionarios y caciques sindicales.
Sin embargo ninguno de estos dos delitos ha podido erradicarse plenamente, ya por falta de voluntad de la autoridad federal para investigar a fondo ambas ordeñas, o quizá porque en su comisión están involucrados otros personajes estrechamente ligados a los hombres del poder que les brindan tanto impunidad como inmunidad.
Un reporte de Pemex consigna que decenas de tomas clandestinas han sido desactivadas y (supuestamente) desmanteladas algunas bandas que operaban en distintas entidades del país.
A esta danza de cifras contribuyen otros recuentos que obran en los anales de Petróleos Mexicanos, pues claramente se lee que el robo de gasolina data de muchísimos años atrás, así como la persecución del delito.
Para sustentar el caso, basta referir que oficialmente Pemex reconoce haber detectado centenares de bombas clandestinas.
Pero los números no coinciden, y eso sólo motiva la sospecha de que se ha recurrido a la mentira para tratar de disfrazar un problema que nadie es capaz de resolver. De otra forma los paladines de la justicia petrolera evitarían dar cifras tan a la ligera, simple y llanamente con el afán de atraer los reflectores para promociones unipersonales.
Saqueo cotidiano
Desconozco hasta dónde pudiera llegar el saqueo indiscriminado a Pemex, pero sí me queda en claro que tanto los funcionarios que han mandado en la paraestatal, los dirigentes sindicales, los contratistas, los industriales de la petroquímica y los concesionarios de las gasolineras, cuando menos, se han visto involucrados en hechos dignos de ser investigados.
No basta con otrora haber enviado a prisión a Jorge Díaz Serrano y Joaquín Hernández Galicia (a) “La Quina” (qepd) por ilícitos ampliamente difundidos (en su oportunidad) en los medios de comunicación masiva, ni la buena voluntad para erradicar de Pemex la corrupción para aliviar el mal que se sigue haciendo a México como país y a los mexicanos como co-propietarios que dicen somos de la paraestatal, pues cotidianamente surge información acerca de la ordeña a los ductos de combustible y sobre el mal manejo administrativo que se hace de los millonarios recursos económicos con que opera la paraestatal.
En realidad se requiere una mano firme y patriótica que sea capaz de meter orden en la empresa más rentable de nuestro país –tanto o más que la Comisión Federal de Electricidad (CFE), que también opera con número rojos–, sin intereses unilaterales ni de grupo, para erradicar el cáncer de la corrupción.
Sin embargo, la opinión pública coincide en que Pemex, otra vez, está a disposición de los particulares, merced a la mentada reforma energética.
Y eso en realidad, es lo que evitaría que Pemex se privatice al cien por cieto, aunque hoy se vislumbra una nueva andanada por parte de la Federación para exhibir a la empresa como una carga para el erario y más para los cerca de 125 millones de mexicanos, por lo que no debiera sorprendernos que en lo sucesivo desde Los Pinos se replanteara la necesidad de que en la paraestatal haya más inversión de particulares que del Gobierno federal.
En cuanto a la sustracción ilegal de gasolinas, éste no sería posible si en su comisión no estuvieran involucrados funcionarios y técnicos de la paraestatal, además de los concesionarios que gustan comprar barato para venderlo a precios oficiales a los millones de dizque co-propietarios del combustible.
¿O acaso no existen inspectores tanto en Pemex como en la procuraduría federal del Consumidor (Profeco) que vigilen el correcto funcionamiento de las gasolineras?
Lo pregunto porque, de acuerdo con el régimen fiscal que a éstas distingue, cada litro de gasolina que entra a sus depósitos debe salir por mangueras debidamente conectadas a medidores que se supone son checadas minuciosamente por los cobradores del combustible que trabajan para Pemex.
¿Y ellos tampoco se han dado cuenta de la irregularidad?
¡Qué va! Lo que ocurre, es simple sospecha, es que también estarían en el ajo.
De cualquier forma no hay que perder de vista las acciones del Gobierno Federal en cuanto al problema hoy comentado, pues en cualquier momento podría surgir la pista que revelara el real propósito que se persigue para no perseguir a los ordeñadores de los ductos.
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