Se diluye la lucha contra la reforma educativa

Jerónimo Gurrola Grave

@jggrave

De ninguna manera es mi intención descalificar auténticos liderazgos; por el contrario, entiendo, reconozco y felicito a los luchadores sociales que trabajan y entregan su vida por tratar de resolver las apremiantes carencias y problemas que padecen las capas más desprotegidas y necesitadas de México. Sin embargo, con el riesgo de cometer una injusticia, digo que me parece poco atinada la manera con la que se lucha contra la aplicación de la injusta reforma educativa, propuesta por el gobierno federal, acordada por el Congreso de la Unión como resultado del famoso y ya casi olvidado Pacto por México, del que en su momento formaron parte la mayoría de los partidos políticos.

Nadie desconoce que los únicos y verdaderos responsables de que haya profesores de muy mala calidad frente a grupos, principalmente de educación básica, a través de la herencia, venta de plazas y puestos directivos, que impone y quita a “líderes” que viven de las multimillonarias cuotas sindicales son los propios gobernantes, a quienes a cambio de esto los utilizan política y económicamente. Por ello, ninguna razón tienen los “especialistas” en educación del gobierno federal al acusar a los profesores de ser los responsables de los grandes problemas del sistema educativo nacional y por ese motivo sancionarlos aplicándoles exámenes de oposición para obtener una plaza para ganar su permanencia, para ocupar puestos directivos y despojarlos de sus derechos en materia de seguridad social, por lo que su lucha es completamente legal y justa.

Sin embargo, me ha llamado particularmente la atención que en las últimas convocatorias hechas por líderes de organizaciones y partidos políticos, en solidaridad con los trabajadores del magisterio como la del pasado 21, de los corrientes se demanden al gobierno temas de diversa índole que a mi juicio más bien confunden, enredan y deslegitiman la verdadera y auténtica lucha magisterial, como queda de manifiesto en la convocatoria hecha por Alicia Colchado Ariza, Pablo González Loyola e integrantes de la Asamblea Popular del Estado de Querétaro, quienes señalaron que ese día los manifestantes saldrían desde cinco puntos diferentes y que participarían trabajadores de la educación, padres de familia, empleados del sector salud, colonos, campesinos, indígenas y comerciantes, entre otros.

Señalaron también que saldrían a manifestarse contra la “ofensiva de los grandes consorcios financieros capitalistas del mundo y sus socios, los predilectos miembros de las castas privilegiadas del poder económico”, “contra la reforma educativa, en especial contra el examen” para lo que llamaron el “despido de maestras y maestros”, así como contra la “reforma en seguridad social y salud”, para pedir se abrogue la reforma hacendaria, la reforma laboral y la energética. También repudiaron el aumento a la tarifa de RedQ a 8.50 pesos y el alza a los energéticos. Solicitaron soluciones a las demandas populares y defensa de las conquistas históricas sociales ganadas en el pasado, además de manifestarse también por defender los recursos naturales de México.

Manifestaron asimismo, libertad para los presos políticos de todo el país, en especial para Rubén Díaz Orozco, ex dirigente barzonista; Simitrio Tzompazquelli Zitla, líder de la Unión Popular de Vendedores Ambulantes 28 de Octubre, de Puebla; y Ricardo Balderas Hernández, dirigente del Frente Estatal de Lucha. Es decir que la convocatoria para protestar contra la reforma educativa se convirtió finalmente en una lucha contra todos y contra nadie al mismo tiempo, situación que hace que se diluyan unas y otras luchas; que aunque justas, provocan que las autoridades encargadas de resolverlas evadan su responsabilidad y que la ciudadanía en su confusión termine por creer, equivocadamente, que se trata de un puro acto exhibicionista de los dirigentes.

 

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