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¿Votar por la corrupción?
Jerónimo Gurrola Grave
@jggrave
Conscientes de que uno de los principales males de nuestro país es la corrupción y la impunidad, los candidatos y legisladores del Partido Acción Nacional, han comentado mucho que, de acuerdo con resultados del organismo no gubernamental, Transparencia Mexicana, México ocupa el lugar 106 de 177 naciones del mundo en corrupción, y que los hogares con ingresos menores a un salario mínimo destinan el 25% al pago de sobornos para la realización de trámites o acceder a servicios básicos, y que según estudios realizados por el Banco Mundial, la corrupción le cuesta a nuestro país 9 puntos porcentuales del PIB, es decir, 1.5 billones de pesos anuales.
En las actuales campañas han insistido en que para corregir este problema, es necesario crear un consejo nacional en el que participen todos los órganos públicos, crear una representación y un comité ciudadano para la ética pública integrado por ciudadanos de prestigio, fortalecer la Secretaría de la Función Pública en materia de auditoría e investigación, que el titular se ratifique por el Senado de la República y sea nombrado por mayoría calificada de la Cámara de Diputados.
Que los encargados de auditar los recursos públicos e investigar los posibles actos de corrupción sean la Auditoría Superior de la Federación y la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción y reproducir el sistema anticorrupción en los estados y municipios, y el pasado lunes 20, que se aprobó el mencionado sistema, la senadora por Querétaro, Marcela Torres Peimbert aseguró que “caerán los peces gordos de la corrupción sean, líderes sindicales, presidentes, gobernadores, secretarios, senadores o diputados de todos los colores y tendencias y que deberá ser implementada lo más pronto posible para favorecer y fortalecer a las instituciones”.
Pero un día antes de su aprobación, a través de las redes se dio a conocer una grabación en la que el panista Antonio Zapata Guerrero, dos veces presidente municipal de Corregidora y candidato a diputado local, le urgió al contador Rubén Álvarez Lacuma, secretario de Finanzas de ese mismo municipio, que le apoye con 2.5 millones de pesos, pues la “campaña está muy pobre”.
El candidato panista Antonio Zapata le pide a Álvarez que lo “ayude acelerando la entrega, aunque sea de una sola parte de la suficiencia de los planes parciales de desarrollo, ya que sólo de esta manera podrá firmar un contrato con unos cuates”, a lo que el secretario de Finanzas queda de avisarle a la mañana del día siguiente los avances de su petición y le asegura que le va a enviar un mensaje.
Ante estos hechos la dirigencias nacional y estatal del PAN que representan, Gustavo Madero y José Báez Guerrero, respectivamente, se limitan a decir que debe haber un procedimiento para investigar los méritos interpuestos contra el candidato panista, además de que “se trata de un tema político electoral que buscan desacreditarlo, pero no van a lograr su cometido, pues no hay duda que la PGJ confirmará que esta llamada fue editada y comprobará que se trata de guerra sucia”.
Por su parte el ex presidente municipal y candidato a diputado local respondió, “a lo mejor fue un error mío para tratar de resolver el tema, lo más importante es que no se le quede a deber a nadie”. ¿Estos son los políticos que quieren sacar a los priístas del poder del estado por corruptos? No estaría mal que el INE sancione a quienes intentan usar los recursos destinados para el desarrollo de la ciudadanía en campañas políticas, de lo contrario será en algún grado, alentador de la corrupción de nuestro país.
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